Through Law No. 179 of November 16, 2020 (“Law No. 179”), Panama adopted the real estate financial leasing regime applicable to existing or future homes, commercial and industrial premises, including galleys and office spaces which are not currently subject to liens or transfer and domain limitations.
Through this regime, the parties may agree to the acquisition of real estate by the financial lessor for its subsequent lease in favor of the financial lessee in exchange for rentals for an agreed term. At the end of the term, the financial lessee may execute a purchase option over the real estate.
Financial lessors may only be banks, trust companies and companies authorized by the Superintendency of Banks (“SIB”). Similarly, financial and leasing companies, as well as those authorized by the Directorate of Financial Companies of the Ministry of Commerce and Industries to carry out the financial leasing business under Law 7 of 1990, may carry out this activity as long as they are authorized by the SIB.
- The contract will be effective vis à vis third parties from the date the real estate is registered in favor of the financial lessor in the Public Registry of Panama.
- The financial lessee will have the right to use and enjoy the property and will be responsible for its conservation and maintenance, including the payment of maintenance fees, where applicable.
- Real estate subject to a real estate financial lease contract may not be seized or be subject to actions or precautionary measures by third parties against the financial lessee.
- The parties will be afforded certain tax benefits, including the possibility of deducting the rents and interest paid by the financial lessee, as well as exemptions from ITBMS, FECI, tax on the transfer of real estate, among others.
Arrendamiento Financiero de Bienes Inmuebles
Mediante la Ley No. 179 del 16 de noviembre de 2020 (la “Ley No. 179”), Panamá adoptó el régimen de arrendamiento financiero de bienes inmuebles aplicables a viviendas, locales comerciales, industriales, incluyendo galeras y espacios de oficinas, existentes y futuros que no se encuentren gravados o sobre los cuales no consten limitaciones de dominio.
A través de este régimen, las partes podrán pactar la adquisición de un bien inmueble por parte del arrendador financiero para su posterior arrendamiento a favor del arrendatario financiero a cambio de alquileres por un plazo definido. Al término del contrato, el arrendatario financiero podrá ejecutar una opción de compra.
Los arrendadores financieros podrán únicamente ser bancos, empresas fiduciarias y compañías autorizadas por la Superintendencia de Bancos (“SIB”). De igual manera, las empresas financieras y empresas arrendadoras, así como las autorizadas por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias para ejercer el negocio de arrendamiento financiero bajo la ley 7 de 1990, podrán ejercer esta actividad siempre que sean autorizadas por la SIB.
Algunos puntos a considerar sobre la Ley:
- El contrato tendrá efectos frente a terceros desde la fecha en que se inscriba el bien inmueble a favor del arrendador financiero en el Registro Público de Panamá.
- El arrendatario financiero tendrá derecho al uso y goce del bien inmueble y será responsable por la conservación y mantenimiento del mismo, incluyendo el pago de cuotas de mantenimiento, donde aplique.
- Los bienes sujetos a un contrato de arrendamiento financiero de bien inmueble no podrán ser secuestrados o embargados ni ser objeto de acción o medida cautelar por parte de terceros en contra del arrendatario financiero.
- Aplicarán ciertos beneficios fiscales para las partes, incluyendo la posibilidad de deducir los alquileres e intereses pagados por el arrendatario financiero, al igual que exenciones de ITBMS, FECI, impuesto sobre la transferencia de bien inmueble, entre otros.